Nota de 2021: A 14 años de que escribiera esta entrada y 24 de que ocurriera este crimen, la impunidad sigue reinando y el olvido gana terreno.
El fin de año de 2007 estará marcado por la conmemoración de uno de los actos de terrorismo de Estado más terribles de los últimos años.
Este 22 de diciembre se cumplirán 10 años de la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas. En la masacre, 45 indígenas tzotziles (hombres, mujeres y niños) fueron asesinados por un grupo paramilitar mientras se hallaban rezando en la ermita del lugar.
Este episodio queda inscrito en un contexto de guerra, en el que las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contra-insurgente implementada por el Gobierno Mexicano (del PRI). La población civil, al ser la más vulnerable, resultó afectada por esta Guerra de Baja Intensidad, estrategia utilizada por la dictaduras fascistoides latinoamericanas para luchar contra las guerrillas en las décadas de los 60, 70 y 80; dicha estrategia les fue enseñada por EUA, a través de la infame Escuela de las Américas, y está caracterizada por el terror, la violencia y la sistemática violación a los derechos humanos.
A continuación reproduzco un artículo de MSN noticias:
Una década ha transcurrido desde que pobladores progubernamentales mataron a 45 indígenas -niños, mujeres y hombres- en la comunidad de Acteal, una matanza emblemática de las violaciones de derechos humanos en México.
En esa ocasión, 22 de diciembre de 1997, el estado de Chiapas era el campo de batalla en que los rebeldes zapatistas trataban de ganar apoyo a su insurrección armada contra el Partido Revolucionario Institucional o PRI, que llevaba siete décadas en el poder en México. El ejército y el gobernador chiapaneco -del PRI- estaban determinados a cerrarles el paso.
Las autoridades dijeron que la masacre fue motivada por una disputa de tierras entre habitantes de dos comunidades de la etnia tzotzil. Parientes de las víctimas afirman que la matanza fue causada por cuestiones políticas y que incluso funcionarios estatales suministraron armas y entrenamiento paramilitar a la población más conservadora con la intención de terminar con los zapatistas.
Al acercarse la conmemoración del triste aniversario el sábado, grupos de derechos humanos han renovado la petición para que la Corte Suprema abra una investigación sobre lo que consideran un encubrimiento para proteger a los verdaderos autores del crimen. En el caso participa un fiscal especial, que tomó la insólita decisión de convocar a un ex gobernador estatal, Julió César Ruiz Fierro, para que rindiera testimonio. La comparecencia tuvo lugar el domingo a puertas cerradas.
La noción generalizada es que la justicia ha tardado en llegar. Fue hasta octubre pasado cuando la justicia sentenció a 34 hombres, sobre todo campesinos de la localidad de Los Chorros, a 26 años de prisión cada uno por la matanza. Otros hombres fueron encontrados culpables en el 2002.
Pero numerosas personas han expresado el temor de que los verdaderos autores intelectuales -quienes ordenaron y incitaron el ataque- no serán castigados.
"No hemos visto ninguna verdadera justicia", dijo María Vázquez Gómez, una indígena tzotzil que perdió en el ataque a casi toda su familia: su madre, su padre, un hermano y su cuñada. "Han pasado 10 años, pero la justicia todavía no llega".
En el curso de los 10 años, un modesto templo de ladrillo fue construido cerca del lugar donde muchas de las víctimas fueron masacradas en una choza de madera donde se habían reunido para orar. Unas cuantas casas firmes también han sido levantadas.
La ausencia de nuevos hechos de violencia en la zona desde el ataque ha sido notable, dada la poca fe que los pobladores tienen en el sistema judicial de México. Mientras hay sobrevivientes que se congregan cada año para llorar a sus muertos y exigir justicia, muchos dicen que nada los llevará a buscar venganza.
"Pensé en formas en que yo podría buscar una solución por mi propia mano, yo contra ellos, pero luego pensé 'eso no está bien'", dijo Vázquez Gómez.
Un factor clave es que los pobladores son miembros de una comunidad cristiana organizada por diáconos de la Iglesia Católica. Aunque simpatizaban con los rebeldes izquierdistas del zapatismo en aquel entonces, rechazaban el camino del levantamiento armado, y aún mantienen esa posición.
"Tengo un amigo que tiene armas y una vez me dijo, 'si quieres ir a cobrar venganza por lo que le hicieron a tu familia, entonces vamos'", señaló Manuel Vázquez Luna, quien tenía 10 años cuando los atacantes provistos de armas de fuego y machetes mataron a su padre, su madre y cinco hermanos. Sobrevivió gracias a que corrió y logró esconderse.
"Y pensé en eso, y fui con él y le dije, 'no, no puedo hacer eso'", añadió.
El México en el que fue posible Acteal es aún el México en el que vivimos ahora.
Este 22 de diciembre se cumplirán 10 años de la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas. En la masacre, 45 indígenas tzotziles (hombres, mujeres y niños) fueron asesinados por un grupo paramilitar mientras se hallaban rezando en la ermita del lugar.
Este episodio queda inscrito en un contexto de guerra, en el que las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contra-insurgente implementada por el Gobierno Mexicano (del PRI). La población civil, al ser la más vulnerable, resultó afectada por esta Guerra de Baja Intensidad, estrategia utilizada por la dictaduras fascistoides latinoamericanas para luchar contra las guerrillas en las décadas de los 60, 70 y 80; dicha estrategia les fue enseñada por EUA, a través de la infame Escuela de las Américas, y está caracterizada por el terror, la violencia y la sistemática violación a los derechos humanos.
A continuación reproduzco un artículo de MSN noticias:
Una década ha transcurrido desde que pobladores progubernamentales mataron a 45 indígenas -niños, mujeres y hombres- en la comunidad de Acteal, una matanza emblemática de las violaciones de derechos humanos en México.
En esa ocasión, 22 de diciembre de 1997, el estado de Chiapas era el campo de batalla en que los rebeldes zapatistas trataban de ganar apoyo a su insurrección armada contra el Partido Revolucionario Institucional o PRI, que llevaba siete décadas en el poder en México. El ejército y el gobernador chiapaneco -del PRI- estaban determinados a cerrarles el paso.
Las autoridades dijeron que la masacre fue motivada por una disputa de tierras entre habitantes de dos comunidades de la etnia tzotzil. Parientes de las víctimas afirman que la matanza fue causada por cuestiones políticas y que incluso funcionarios estatales suministraron armas y entrenamiento paramilitar a la población más conservadora con la intención de terminar con los zapatistas.
Al acercarse la conmemoración del triste aniversario el sábado, grupos de derechos humanos han renovado la petición para que la Corte Suprema abra una investigación sobre lo que consideran un encubrimiento para proteger a los verdaderos autores del crimen. En el caso participa un fiscal especial, que tomó la insólita decisión de convocar a un ex gobernador estatal, Julió César Ruiz Fierro, para que rindiera testimonio. La comparecencia tuvo lugar el domingo a puertas cerradas.
La noción generalizada es que la justicia ha tardado en llegar. Fue hasta octubre pasado cuando la justicia sentenció a 34 hombres, sobre todo campesinos de la localidad de Los Chorros, a 26 años de prisión cada uno por la matanza. Otros hombres fueron encontrados culpables en el 2002.
Pero numerosas personas han expresado el temor de que los verdaderos autores intelectuales -quienes ordenaron y incitaron el ataque- no serán castigados.
"No hemos visto ninguna verdadera justicia", dijo María Vázquez Gómez, una indígena tzotzil que perdió en el ataque a casi toda su familia: su madre, su padre, un hermano y su cuñada. "Han pasado 10 años, pero la justicia todavía no llega".
En el curso de los 10 años, un modesto templo de ladrillo fue construido cerca del lugar donde muchas de las víctimas fueron masacradas en una choza de madera donde se habían reunido para orar. Unas cuantas casas firmes también han sido levantadas.
La ausencia de nuevos hechos de violencia en la zona desde el ataque ha sido notable, dada la poca fe que los pobladores tienen en el sistema judicial de México. Mientras hay sobrevivientes que se congregan cada año para llorar a sus muertos y exigir justicia, muchos dicen que nada los llevará a buscar venganza.
"Pensé en formas en que yo podría buscar una solución por mi propia mano, yo contra ellos, pero luego pensé 'eso no está bien'", dijo Vázquez Gómez.
Un factor clave es que los pobladores son miembros de una comunidad cristiana organizada por diáconos de la Iglesia Católica. Aunque simpatizaban con los rebeldes izquierdistas del zapatismo en aquel entonces, rechazaban el camino del levantamiento armado, y aún mantienen esa posición.
"Tengo un amigo que tiene armas y una vez me dijo, 'si quieres ir a cobrar venganza por lo que le hicieron a tu familia, entonces vamos'", señaló Manuel Vázquez Luna, quien tenía 10 años cuando los atacantes provistos de armas de fuego y machetes mataron a su padre, su madre y cinco hermanos. Sobrevivió gracias a que corrió y logró esconderse.
"Y pensé en eso, y fui con él y le dije, 'no, no puedo hacer eso'", añadió.
El México en el que fue posible Acteal es aún el México en el que vivimos ahora.
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