viernes, 8 de diciembre de 2017

Lo malo cuenta y cuenta mucho



Este diciembre se han cumplido cinco años de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Siendo sinceros, yo tenía la esperanza de que no durara tanto, pero ya ven. He procurado hacer la crónica de lo mal que nos ha ido durante este sexenio que va en la recta final.

Para seguir con esa tradición hoy les presento aglunos puntos por los que deberíamos estar escandalizados, indignados y encabronados con la clase política mexicana. Porque no todo es culpa de Peña, claro está. Es más, también deberíamos estar decepcionados de nosotros mismos, que como sociedad civil nos hemos sabido organizarnos para crear una mejor cultura política y reconstruir el tejido social.

Pero antes, un repaso rápido por estos últimos cinco años:

·         Indígnate, México
·         México en llamas

No hay muchísimo de nuevo que decir. Las mismas tendencias de las que ya hemos hablado en resúmenes anteriores han seguido acentuándose a lo largo de este año: corrupción gubernamental, crecimiento de la desigualdad económica, aumento de la violencia delictiva en general, y de la violencia de género en particular, y violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades que no sienten que deban rendir cuentas.

I. A los mexicanos nos explotan




México es un país con un alto índice de desigualdad económica: el 10% más rico posee tanta riqueza como el 70% más pobre. Las medidas para paliar la desigualdad son insuficientes y a este ritmo tardaríamos otros 120 años para remediar el problema [aquí]. Un 70% de los mexicanos ve con suma desesperanza el futuro del país, el más desesperanzado de América Latina después de Venezuela [aquí].

Esto se da como parte de un fenómeno global generalizado, producto del dogma ideológico impuesto desde hace algunas décadas a la economía, cuyo propósito era precisamente permitir que los ricos acumularan más riquezas. No es de extrañar que los Millennials sean la primera generación desde la Segunda Guerra Mundial que tendrá una vida adulta menos prometedora que la de sus padres [aquí].

Los adalides de la libre competencia aseguran que si hay mexicanos que ganan menos es simplemente porque lo que hacen vale menos. Pero resulta que los mexicanos somos de los que más horas trabajan en el mundo. Un mexicano trabaja 875 horas más al año que un Alemán. Además, los mexicanos tenemos menos días de vacaciones al año. Para ganar el derecho a tener un mes de vacaciones tendrías que laborar por 30 años. Mientras tanto, un francés sólo tiene que trabajar un año para recibir el derecho a un mes de vacaciones pagadas. Pero, a pesar de todo producimos menos riqueza que un alemán o un francés… ¿qué pasa? [aquí y aquí].



Algunos dicen que trabajamos mucho, pero que no trabajamos bien, que seguro la mayoría se la pasa en la oficina todo el día, pero perdiendo el tiempo en el chisme, las redes sociales y la comida chatarra. Quizá, pero si es así la cosa, si nos la pasamos echando la hueva, ¿cómo es que los mexicanos somos de los trabajadores más estresados y agobiados del mundo? El 75% de nuestros compatriotas padece síndrome de fatiga por estrés laboral [aquí].

A pesar trabajamos más horas, descansamos menos días y estamos más agobiados incluso que los chinos y los estadounidenses, los sueldos en México son de los peores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Mientras que la paga por la mano de obra en un país promedio es de 50 dólares, en México es de menos de 15; incluso por debajo de otros países que se consideran “baratos” y cuyas economías son más pequeñas que las nuestra, como Chile [aquí]. Y aunque el desempleo se ha reducido, esto ha sido a costa de una precarización del trabajo; o sea, que hay más trabajos, pero cada vez peor pagados. La cosa está tan mal que sólo un 21% de los mexicanos alcanzan a comprar una canasta básica con su sueldo. [aquí].

Ya hemos dicho que “los que ricos son ricos porque trabajan más, mientras que los pobres son pobres por flojos o tontos” es un mito que se ha sido desmentido en decenas de estudios socioeconómicos [aquí]. La realidad es que si los trabajadores mexicanos producen menos es precisamente porque nos tienen en las oficinas, fábricas, talleres, maquiladoras y demás, por más horas a cambio de menos dinero, en un estado de estrés y agotamiento constantes que termina por afectar nuestro desempeño.

II. México misógino



Hace unos meses, el feminicidio de la joven Mara Fernanda por parte de un conductor de Uber causó una oleada de indignación en México, lo que resonó en el mundo de habla hispana [aquí]. Desafortunadamente, el caso no es excepcional. De hecho, los casos de feminicidios en México han aumentado, como también ha aumentado el porcentaje de los mismos que quedan impunes. En promedio, 5 mujeres son asesinadas en México todos los días; unas 6,500 perdieron la vida de forma violenta entre 2013 y 2015 [aquí].

El fenómeno va aunado al hecho de que la cultura machista, que culpabiliza a la víctima y normaliza el crimen, permea las instituciones encargadas de impartir justicia, pues la mayoría de los jueces carece de nociones básicas de perspectiva de género [aquí y aquí].

No se trata solamente de casos aislados; las mujeres son víctimas de un sistema cultural a la vez que económico y político, pues a la violencia de género se suman la explotación y la corrupción gubernamental. Los casos de la trata de mujeres son el mejor ejemplo de ello. Mujeres, especialmente jóvenes, son raptadas y obligadas a prostituirse por cárteles del crimen organizado.



En este escenario, la exsenadora panista Rosi Orozco ha monopolizado el activismo en contra de la trata, cuando lo que en realidad ha construido una red de influencias que le permiten sobornar o chantajear actores políticos y obtener fondos públicos millonarios, sin hacer nada en contra del delito que supuestamente combate [aquí].

La misoginia no se expresa solamente en estos casos más obviamente violentos. México va de mal en peor en materia de equidad: la brecha de género está hoy por hoy en su nivel más alto desde 2013. Esto ha llevado que el Foro Económico Mundial degradara a México de la posición 66 a la 81 (de 144 países) en la escala de equidad de género. En América Latina, México ocupa el lugar número 20 de 24 países, por debajo no sólo de los países más desarrollados de la región, como Argentina o Chile, sino superado también por Belice, El Salvador, Venezuela, Cuba y Bolivia [aquí y aquí].

¿Ahora entienden por qué las mujeres en México están tan molestas? ¿Seguirán los necios diciendo que la igualdad de género ya se logró? ¿O captarán por qué hay tantas feministas indignadas y en pie de lucha?

III. Corrupción internacional



Resulta que los mexicanos somos los más corruptos de América Latina. El 51% de nuestros conciudadanos ha admitido haber pagado sobornos a alguna autoridad. Esto habla muy mal de nosotros: ¿cómo podemos esperar que nuestros políticos sean honestos si nosotros como ciudadanos? Pero luego entendemos que no se trata de simple malignidad por parte de los mexicanos: la mayoría de los sobornos del ciudadano común se da en la prestación de servicios, como en escuelas, centros de salud y documentación personal. En otras palabras, la mayoría de los mexicanos se ven obligados a pagar “mordidas”, porque de otra manera no reciben los servicios que necesitan. El aparato estatal es tan ineficiente que sólo funciona a base de palancas y sobornos [aquí].

No se trata de minimizar la responsabilidad del mexicano promedio. Uno tiene el deber cívico de ser honesto para construir una mejor sociedad. Pero también es ingenuo esperar que simplemente con mantener las manos y la conciencia limpias el problema de la corrupción política institucional se resolverá. Es necesario exigir rendición de cuentas y castigo para los infractores, no sólo entre quienes son funcionarios públicos, sino entre los empresarios ricos. Porque, ultimadamente, la corrupción que más nos daña a todos no es la de quien le pagó un dinerillo al policía para evitar una infracción, sino la del alcalde que negoció con el empresario constructor cómo se dividirían el moche de un proyecto de obra pública sobrepreciado.

Ya habíamos visto que México está padeciendo la generación de gobernadores más corrupta de su historia, y que la inmensa mayoría vienen del PRI [aquí y aquí]. Pero la corrupción va más allá de lo local y lo estatal. Políticos y empresarios mexicanos forman parte de redes de corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero y evasión de impuestos que trascienden las fronteras.



Ya lo habíamos visto en el caso de los Panamá Papers y los Bahama Leaks, y ahora tenemos los Paradise Papers [aquí, aquí y aquí]. Estos escándalos revelaron la existencia de paraísos fiscales en los que los más ricos del mundo tienen sus fortunas para evitar pagar impuestos en sus propios países. Aunque el asunto es turbio, no es del todo ilegal. Lo que sí es que es una canallada: los más ricos se libran de pagar impuestos, mientras que las clases medias y bajas están cautivas por el régimen fiscal. Las inmensas cantidades que los ya de por sí asquerosamente ricos dejan de pagar en impuestos podría haber servido para mejorar los servicios de educación, salud y seguridad. La riqueza no es solo producto del esfuerzo individual, sino de las condiciones sociales; al evadir impuestos, estos millonarios están dejando de contribuir a las sociedades a las que deben su fortuna.

Más grave y trascendente (y menos discutido) ha sido el caso Odebrecht. Qué mejor que este artículo de El País para resumirlo:

“En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht, quien al final aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad. 
Además de pedir perdón públicamente, la empresa también se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3.500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de BrasilEE UU y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.Pero una vez que las investigaciones se hubieron puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde EE UU y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y a varios expresdientes de Perú, incluso ha rozado al mexicano Felipe Calderón. 
Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa –un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera– que sistemáticamente pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes’, afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.”

Independientemente de la mención al expresidente Calderón, quien ha resultado más enlodado por este escándalo ha sido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El exdirector de Odebrecht en México, y uno de los arrestados por la policía brasileña, Luis Alberto de Meneses Weyll, ha denunciado a Lozoya como uno de varios funcionarios de Pemex que recibieron un total de 10 millones 500 mil dólares en sobornos [aquí].



El caso de Lozoya es importante, dado que el sujeto es muy cercano al presidente Peña Nieto y, como colaborador en su campaña electoral, uno de los principales responsables de haberlo llevado hasta la presidencia. De nuevo, el presidente se ve más que rozado, embestido por las evidencias de corrupción de la gente que lo rodea.

Pero peor aun es la descarada impunidad con la que este caso se ha desarrollado en México. Mientras en otros países de América Latina han rodado cabezas, en el nuestro el silencio es casi absoluto; no sólo no hay arrestos, ni siquiera hay cargos formales. Lozoya hasta se da el lujo de amenazar con demandas a quienes simplemente repiten lo que los medios internacionales están señalando en su contra [aquí y aquí]. Quizá es que estamos tan perdidos entre tanto escándalo que cada uno silencia al anterior y terminamos acostumbrándonos a la jodidez en la que nos tienen los poderosos.

IV. Más poder al poder



El propósito de la guerra, decía Hugo Zemelman, es mantener un constante estado de excepción que le permita al ejecutivo gobernar por decreto pasando por encima de las instituciones democráticas. A nivel internacional, esto se ha dado con la guerra contra el terrorismo encabezada por los Estados Unidos. A nivel de México, con la guerra contra el narco encabezada por Calderón.

Ya les había mostrado la gráfica que muestra el índice de asesinatos en México. Aquí se puede ver cómo había habido una paulatina reducción de los homicidios a lo largo del siglo XX (una tendencia global, por cierto), pero que justo en 2007, con el inicio de la guerra calderonista, la violencia se disparó. A diez años de que iniciara esta guerra las cosas no han mejorado en lo absoluto: ni hay menos drogas llegándole a nuestros hijos y la violencia sólo se pone peor.



De hecho, 2017 superó todos los récords en homicidios de años anteriores, incluyendo al más violento anterior, que había sido el 2011. Solamente el pasado mes de octubre fue el más violento en 20 años, registrando más de 2,300 homicidios [aquí y aquí]. ¿Por qué nos va tan mal? ¿Es porque el gobierno no ha tenido la suficiente mano dura? No, es porque todo este mitote estuvo hecho con las patas desde un principio, como nos lo explica un análisis del New York Times [aquí]. Aunque el origen de la crisis se remonta a hace 20 años, es decir, mucho antes del sexenio de Calderón, durante su mandato se privilegiaron acciones a corto plazo y todo ello provocó mayores problemas a largo plazo:

“La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos. En vez, el desorden y la violencia han aumentado.”

Ante este panorama se perfila la Ley de Seguridad Interior, que regulariza el actuar del ejército mexicano en sus funciones de policía. En efecto, desde hace 10 años las fuerzas armadas han estado haciendo las veces de agencias policiacas, dado que estas instituciones se encontraban rebasadas o infiltradas por el crimen organizado. El problema: el ejército no está capacitado para tales funciones y no existía un marco legal que justificara su actuar. La respuesta viene en esta ley, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, la cual se puede resumir en ocho puntos [aquí]:

1.       El presidente tendrá la facultad de ordenar la intervención del ejército en zonas en las que se considere que existen amenazas a la seguridad interior.

2.       Al expedir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior debe tener el “visto bueno” del Consejo de Seguridad Nacional, pero a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos humanos sólo tendría que hacerles una “notificación”.

3.       Con todo, si el presidente cree que así lo amerita, podrá ordenar la intervención inmediata del ejército, pasando por alto el mínimo protocolo mencionado antes.

4.       Eso sí, dice que las acciones de las fuerzas armadas deberán respetar rigurosamente los derechos humanos…

5.       A menos que la perturbación a la paz pública sea tan grave que para atenderla se requieran suspender los derechos; entonces, ni modo, habrá que hacerlo (pero apegados a la Constitución).

6.       Esto es lo sabroso: si hay movilizaciones de protesta social que no se consideren “pacíficas”, se podrán tomar como amenazas a la seguridad interior.

7.       De antemano debe fijarse cuánto durará la intervención del ejército, que no podrá durar más de un año… A menos que el presidente decida que el plazo se debe aumentar porque todavía existan la amenaza. O sea, que esta ley pone todos los límites, pero deja a la discreción del presidente cómo y cuándo es válido pasarse esos límites.

8.       Durante la emergencia, las fuerzas armadas podrán recolectar la información que crean pertinente… Lo cual incluye el espionaje a ciudadanos.

Diversas organizaciones no gubernamentales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y hasta un grupo de exrelatores de las Naciones Unidas han alertado en contra de esta ley [aquí, aquí y aquí]. Básicamente esta ley permitiría mayores violaciones contra los derechos humanos por parte del ejército (que tiene un historial terrible al respecto), significa la renuncia a hacer funcionar las agencias policiacas para en vez de ello recurrir a las fuerzas armadas y no ayudaría a mitigar el problema de la violencia en el país, sino que antes bien serviría para escalarla [aquí y aquí].



Simplemente darle poder a las instituciones de gobierno, no ha traído nada bueno. Recordemos el caso (bastante reciente, pero enterrado por otros escándalos) que se llamó #GobiernoEspía. El gobierno de Peña Nieto (a través del secretario del Consejo Técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio) contrató el infame software Pegasus de la igualmente infame empresa italiana Hacking Team, que le permitía espiar a los ciudadanos de forma ilegal. ¿Lo usaron para vigilar a los criminales? No, lo usaron para espiar a activistas sociales, rivales políticos y periodistas incómodos, que fueron tratados como enemigos del Estado. Lo peor: este chistecito nos costó 32 millones de dólares [aquí, aquí y aquí].



Hemos visto que cuando el gobierno comienza a amasar más poder, no es porque planee usarlo para protegernos, sino para protegerse a sí mismo. Se trata de mantener sus privilegios, sus riquezas, su capacidad de actuar impunemente, de preservar el sistema político del que se benefician. Ya lo dice sabiamente la canción: “si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger”.

2 comentarios:

Jorge Alex Laris Pardo dijo...

La última sección me recordó este video-meme que hice

https://www.reddit.com/r/mexico/comments/7i7jh6/video_filtrado_de_la_votaci%C3%B3n_de_la_ley_de/

Anónimo dijo...

Me parece que existe otra explicación al problema de la narco-delincuencia. Y ésta la ha aportado el Dr. Carlos Fazio, analista geopolítico de América Latina. Dice que vivimos en un Estado de Excepción (en su libro "Estado de Emergencia"), donde el gobierno tiene la encomienda de Washinghton de entregar el país en manos extranjeras, pero sin habitantes, en el contexto de una recolonización y ocupación integral de México y sus recursos.
De ahí entonces, que los programas extraterritoriales de la CIA en México ("Fast & Furious", "Open Receiver" y "White Weapon", entre los que sabemos), no son una mera casualidad, ni un intento por infiltrarse a las redes delincuenciales. Forman parte, por el contrario, de una "guerra asimétrica" de ocupación.
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/30/opinion/023a1pol

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